Antes de iniciar con estas reflexiones es oportuno señalar que las preocupaciones más importantes en este momento son las relativas a la salud y a la investigación científica abocada a encontrar un tratamiento efectivo contra el virus (SARS-CoV-2). A estas se suma sin duda, la búsqueda de estrategias que permitan evitar la expansión del hambre en un centenar de países que ya muestran problemas sociales diversos por la falta de una alimentación mínima. Al respecto es contundente una nota del Programa Mundial de Alimentos de la ONU bajo el título “Podemos pasar al aprendizaje en línea, pero no a comer en línea” (1), según la cual, 80 millones de niños de América Latina y el Caribe han dejado de recibir alimentación apropiada por el cierre de comedores en las escuelas. Sin embargo, también debe recordarse que el hambre, que históricamente azota a países africanos, hoy se torna más preocupante por los efectos de la pandemia sobre la actividad comercial a escala planetaria.

En el caso de Costa Rica, la crisis sanitaria ha reposicionado al sector primario como un ente fundamental en el suministro de alimentos; esto ha logrado que en algunos espacios se plantee la necesidad de retomar el debate sobre soberanía y seguridad alimentaria en el país (2). En esa línea, el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola (IICA) planteó el pasado 8 de abril en su página web, que es necesario poner atención al pequeño productor para enfrentar el COVID-19. Pese a esto, resulta lamentable que el enfoque del gobierno sobre los efectos de la crisis se centre, aunque no exclusivamente, en los efectos que causa la pandemia sobre el sector turístico. Me gustaría pensar que la respuesta integral hacia los efectos de la crisis vendrá después de que se controle la curva de contagio y se retorne paulatinamente a la normalidad; sin embargo, el discurso político, las presiones sectoriales y el énfasis puesto sobre el turismo hace suponer que la lógica será reactivar este sector a la brevedad posible.

Es incuestionable que este sector aporta anualmente cerca del 8 % del Producto Interno Bruto (PIB) y que de él depende una gran cantidad de familias costarricenses, de manera que, sobre la vigencia de estos datos, es inconcebible no estar de acuerdo con la reactivación del sector. Pero, paralelamente creo que la situación actual ofrece a las autoridades nacionales una oportunidad para revisar el modelo de desarrollo impulsado en los últimos años en este campo concreto. Al respecto me permito señalar algunas ideas que pueden alimentar el debate en esa línea:

Desde la política pública se viene trabajando el sector turístico especialmente con la Certificación de Sostenibilidad Turística (CST), pero al revisar los datos sobre esta es fácil concluir que su impacto es residual, pues en 2018 por ejemplo, solo había 401 empresas con CST en todo el país. Este número de empresas certificadas como sustentables por el ICT, representa poco más del 1 % de las empresas inscritas a nivel nacional (en todas las ramas de actividad) en el Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) de Costa Rica y poco más del 6 % de las empresas vinculadas al turismo (en hotelería, gastronomía y transporte). Sobre esta evidencia, y por considerar que el discurso con que se “vende” la imagen de país verde en el exterior se basa en el desarrollo de prácticas sustentables o amigables con el ambiente, resulta necesario redefinir las políticas de incentivos y de apoyos logísticos para los pequeños emprendedores turísticos o mipymes que no cuentan con las mismas posibilidades que el gran capital, para hacer las inversiones que requiere la certificación. Capacitaciones o campañas regionales (coordinadas por los Consejos Regionales de Conservación, por ejemplo) sobre manejo de negocios y sustentabilidad podrían arrojar resultados más alentadores que el someterse a una “evaluación” a cambio del derecho a usar una marca patentada por el Estado.

“Me gustaría pensar que la respuesta integral hacia los efectos de la crisis vendrá después de que se controle la curva de contagio y se retorne paulatinamente a la normalidad; sin embargo, el discurso político, las presiones sectoriales y el énfasis puesto sobre el turismo hace suponer que la lógica será reactivar este sector a la brevedad posible”

Sobre este mismo punto rescato también que la mayoría de las empresas certificadas como sustentables en el país son negocios de hospedaje. Aunque el proceso de certificación incluye un análisis de los encadenamientos externos que origina la actividad certificada, no existen estudios, actuales y rigurosos, que permitan determinar la eficacia de tales encadenamientos, particularmente enlazados con la demanda de alimentos locales, transporte, guías turísticos comunales, conectividad con otros emprendimientos, etc. Esto resulta todavía más relevante si se toma en cuenta que para 2018, solo el 16 % de las empresas de hospedaje certificadas como CST estaban ubicadas en la provincia de Guanacaste, quizás la principal área de desarrollo turístico del país. Aunque tampoco hay evidencia empírica para asegurar esto, tal situación permite inferir como hipótesis que no existe ninguna certeza de que los grandes y medianos hoteles que se ubican en dicha provincia estén originando algún tipo de encadenamiento que beneficie a las comunidades cercanas. De tal manera, creo que este contexto podría ser aprovechado para que entidades como el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER), el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO), el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) a través de su programa de mipymes, y otras, de la mano con el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), puedan sentarse a valorar la manera de mejorar dichas vinculaciones con el fin de que los aportes del turismo queden mejor distribuidos desde una perspectiva territorial. En el marco de esta discusión, la Universidad Nacional (UNA) podría aportar sustantivamente desde el trabajo que se realiza en el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE).

Un tercer aspecto que parece fundamental de retomar en esta coyuntura (de final imprevisible), especialmente porque se desconoce cuándo volverá el turismo internacional a ser la base de ingresos de divisas para el país, es reenfocar el modelo hacia el turismo interno y regional. Aunque ya encuentra detractores, un estudio de la Universidad de Harvard publicado en la revista Science, señala que esta situación podría prolongarse hasta 2022 en forma cíclica. De cumplirse esta u otras proyecciones que hablan de una lenta recuperación de la economía internacional, sería contraproducente (al menos en el corto plazo) invertir capital y esfuerzos en un modelo que depende de la visitación extranjera. Me parece, como lo han dicho ya otras personas en comentarios sociales, que el camino más oportuno es impulsar dicha reactivación económica, en función del turismo interno y regional (centroamericano), pero acompañado de cambios estructurales que podrían implicar, incluso, repensar la gobernanza ambiental. Esto último, que puede ser debate para otro momento, implicaría reforma de la política pública vigente de manera que se abran espacios reales de participación ciudadana en la administración de lo que es cada vez más usual denominar, bienes comunes ligados a la naturaleza.

Distintas “voces” señalan, en noticiarios y en redes sociales, que la actual coyuntura marcará un antes y un después en el desarrollo de la humanidad y en particular del modelo neoliberal imperante. Otros comparten visiones más apocalípticas sobre el posible desenlace de esta pandemia e incluso hay quienes discuten teorías conspiracionistas sobre este fenómeno. En lo particular prefiero pensar, quizás ingenuamente para algunos, que la naturaleza encontró la manera de obligarnos a repensar nuestra relación con el entorno, de hacernos conscientes sobre el daño al ecosistema planetario del que somos parte indisoluble, y de alguna manera, plantearnos también la necesidad de revisar aquello que nos hace humanos. El curso de los acontecimientos en los próximos días o meses dictará su veredicto respecto a si aprendimos algo de esta crisis o si solo la superamos a pesar de nosotros mismos. Como corolario de lo dicho hasta aquí, cierro estas reflexiones lanzando una invitación a todos los lectores para que no nos olvidemos, otra vez, del campesino y agricultor costarricense, víctima silenciosa del modelo de desarrollo adoptado en el país desde mediados de la década de 1980.

Referencias para el debate

(1) Disponible en https://historias.wfp.org/26-de-33-paises-han-suspendido-sus-programas-de-comidas-escolares-en-america-latina-y-el-caribe-5687c79e75a3 (Consultado el 16 de abril de 2020).

(2) Véase a Bernal Monge “Costa Rica no va por la senda de la seguridad alimentaria” (La República.net, 13-02.2020). https://www.larepublica.net/noticia/costa-rica-no-va-por-la-senda-de-la-seguridad-alimentaria (Consultado el 16 de abril de 2020).