A raíz de la propagación del COVID-19, la cotidianidad ha tenido cambios significativos: clases virtuales, distanciamiento social, restricciones vehiculares, así como una crisis económica y social que es inevitable. Sin embargo, la situación que se avecina no puede ser achacada exclusivamente a la pandemia, puesto que los motivos de este incierto escenario subyacen en un conjunto de variables que se vienen gestando en el tejido social costarricense desde décadas anteriores. La emergencia actual constituye un catalizador de una crisis mayor.

Los datos que aporta el Programa Estado de la Nación (1) evidencian que la situación que vive un porcentaje importante de familias costarricenses es deplorable, donde la falta de condiciones básicas para el desarrollo de actividades diarias de manera adecuada genera preocupación, además de múltiples escenarios complejos para enfrentar la pandemia. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el porcentaje de hogares pobres alcanzó en el 2019 la cifra de 20,98 %, dato que, junto con un 11,39 % de desempleo abierto, explican la realidad de las familias para las que “quedarse en casa” resulta una utopía. Lo que es aún más alarmante es que estos datos se incrementarán con los embates de la crisis, donde la paralización del turismo, los despidos en múltiples sectores de la economía, así como una disminución significativa del consumo, no proyectan otro escenario más que este.

Se han generado distintos esfuerzos por parte de la Asamblea Legislativa y del Poder Ejecutivo para atenuar el impacto de la crisis. Se ha implementado el plan de contingencia por parte del gobierno (Plan Proteger), así como distintas leyes para contribuir con la liquidez de las personas afectadas directamente por la situación actual, como la del retiro del Fondo de Capitalización Laboral. (2). A pesar de esto, no se vislumbran ante este escenario cambios significativos que atiendan de manera estructural la realidad de los 335 900 hogares en pobreza para los que la pandemia implica un desgaste difícil de sobrellevar. Esto muestra la necesidad de impulsar reformas en aras de propiciar las condiciones que posibiliten no solo atender la crisis, sino la realidad de este porcentaje importante de la población en condición de pobreza.

Es imperativo hoy más que nunca la búsqueda de soluciones reales para los problemas que la pandemia comienza a evidenciar. Por lo tanto, las transformaciones deben estar enfocadas en distintas áreas como por ejemplo: eficiencia en el gasto público, modernización del sistema tributario y de recaudación de impuestos, desarrollo de infraestructura, reorganización de las competencias de las instituciones gubernamentales, entre otras.

Quizás una de las más importantes se encuentra en el sistema educativo. La crisis actual denota que el Ministerio de Educación Pública (MEP) requiere de una transformación significativa, lo cual se manifiesta en la forma en la que ha atendido la emergencia nacional. Ninguna institución educativa contaba con las herramientas para hacer frente a los cambios exigidos por la suspensión de lecciones presenciales, y si bien se han realizado esfuerzos por apoyar a las familias con la distribución de alimentos, en otros ámbitos como la mediación pedagógica la experiencia ha sido, en términos generales, poco satisfactoria (3). La falta de capacitación del personal docente por parte del MEP demuestra que las competencias del siglo XXI no se han puesto más que en el papel, por lo que el manejo de herramientas tecnológicas, así como el desarrollo de habilidades y aptitudes deberían ser la prioridad dentro del sistema educativo. A pesar de existir una política curricular y transformaciones orientadas en dichos paradigmas, la realidad es otra.

“Sin embargo, la situación que se avecina no puede ser achacada exclusivamente a la pandemia, puesto que los motivos de este incierto escenario subyacen en un conjunto de variables que se vienen gestando en el tejido social costarricense desde décadas anteriores. La emergencia actual constituye un catalizador de una crisis mayor”

Pero no solo el MEP es responsable, ya que existen otra serie de factores que se han quedado suspendidos en el tiempo. El Estatuto de Servicio Civil, encargado de regular las relaciones entre el Poder Ejecutivo y sus servidores, incluidos los docentes, data de 1953. El problema de esto radica en que dicho estatuto estipula procedimientos para la contratación de los docentes pensados en la dinámica del siglo anterior, sin contemplar las necesidades contemporáneas y según procedimientos cada vez más anacrónicos. Bajo una legislación con estas características, la selección y nombramiento del personal docente compromete el sistema educativo al no existir forma de corroborar las aptitudes de las personas encargadas de dirigir los procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol de las universidades, tanto públicas como privadas, también constituye otro eje de acción fundamental para poder pensar en una reforma significativa, aunque este es un tema más complejo que requiere un análisis específico.

El sistema educativo requiere de una revisión integral, debido a que esta es la herramienta más importante para atender la desigualdad, así como las problemáticas socioeconómicas que están eclosionando junto con la pandemia. A través de una educación de calidad orientada al desarrollo de habilidades blandas, enfocadas en las necesidades de los desafíos complejos del siglo XXI, se puede combatir la desigualdad, generando oportunidades para la formación integral de las personas. Lo anterior contribuye a que la población tenga condiciones idóneas para su formación y, consecuentemente, optar por mejores oportunidades laborales que le conduzcan a una mejor calidad de vida.

Si bien la desigualdad es una problemática multicausal, la educación es uno de los factores que contribuyen a atenuar su impacto, lo que se requiere de una discusión seria acerca de este tema, enfocada en los desafíos que enfrenta el sistema educativo. Estas dificultades han estado vigentes desde décadas atrás. La situación actual ha permitido apreciar con claridad que estos retos cada vez son mayores, y cuanto más tiempo se posterguen las transformaciones, más difícil será estar al día con las demandas actuales que se incrementan exponencialmente en tiempos de crisis.

Referencias para el debate

(1) “Las desigualdades que enfrentan los hogares en cuarentena” Programa Estado de la Nación, 06 de abril de 2020, acceso el 20 de abril de 2020, https://estadonacion.or.cr/las-desigualdades-que-enfrentan-los-hogares-en-cuarentena/

(2) Sequeira, Aaron. “Congreso aprueba en segundo debate entrega del FCL a asalariados golpeados por crisis de coronavirus” La Nación, 03 de abril de 2020, acceso el 20 de abril de https://www.nacion.com/el-pais/politica/con-46-votos-a-favor-aprobada-en-segundo-debate/JG42R6CGGFERBOFCURAL57D7AQ/story/

(3) Cerdas, Daniela. “Educación a distancia del MEP durante pandemia no contempla ni materia nueva ni evaluaciones” La Nación, 06 de abril de 2020, acceso el 20 de abril de 2020 https://www.nacion.com/el-pais/educacion/educacion-a-distancia-del-mep-durante-pandemia-no/WKAZUG56UJCYBMLSDRLGCW7ZBM/story/