Wainer Ignacio Coto Cedeño
Escuela de Historia y Maestría en Historia Aplicada
Universidad Nacional, Costa Rica
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Número 13

Publicado: 21 de mayo de 2020

Se estima que, antes de la pandemia, la cantidad de personas con hambre en el mundo superaba los 800 millones. Y se espera que esta cifra se incremente significativamente conforme avance el virus. Según lo afirma Araif Husian, especialista del Programa Mundial de Alimentos (WFP), tal aumento dependerá de la duración del brote, del número de países afectados y de las medidas que se implementen para controlar su propagación. De momento, las regulaciones impuestas por los diferentes gobiernos están empezando a limitar y afectar la distribución de los alimentos en una escala regional e incluso global. En Vietnam, por ejemplo, las autoridades nacionales han decidido reducir las exportaciones de arroz a Asia Central y Europa. De igual manera, en Argentina la restricción vehicular ha causado problemas en la comercialización de productos como el trigo. Instancias como la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) han señalado que la adopción de este tipo de estrategias en el largo plazo, lejos de convertirse en una solución, representa un riesgo para la “seguridad alimentaria” del planeta.

Johan Swinnen, director general del Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias, agrega que el cierre de fronteras y el bloqueo de rutas comerciales (aéreas, marítimas y terrestres) tendrán un impacto especialmente fuerte en los “países en vías de desarrollo”. Sobre todo, debido a que éstos dependen de la importación de alimentos. Solo para citar un caso, se calcula que el ochenta por ciento de los productos agroalimentarios que se consumen en países africanos como Kenia son importados. Asimismo, la interrupción de los flujos en el comercio internacional provocará una seria afectación en el funcionamiento de los programas de alimentación, nutrición y salud que desarrollan organizaciones como la FAO y la Acción Contra el Hambre (ACH) en naciones como Uganda, Mali, Haití, Nicaragua, Bolivia, Camboya y el Líbano, entre otras. El mismo Swinnen afirma que la mejor opción, ante esta coyuntura crítica, es fomentar un “comercio mundial solidario”, en el que los países exportadores mantengan el envío de mercancías a los importadores.

Para algunos es aún prematuro hablar de una crisis alimentaria por causa de la pandemia. Sin embargo, es evidente que el impacto del COVID-19 se ha encargado de hacer más visibles las dificultades que enfrentan las personas para acceder a los alimentos. Dificultades que quedaron al “descubierto” con la imposición de medidas como el distanciamiento social y la cuarentena. Estas restricciones han significado un desafío enorme para las familias de ingresos bajos, los trabajadores del sector informal y las mujeres jefas de hogar, que dependen de un pago diario para subsistir. El reto es mayor si se toma en consideración que estos sectores, los más pobres, destinan entre el sesenta y el ochenta por ciento de sus salarios para la compra de alimentos y otros artículos de primera necesidad. En contextos sociales así, el confinamiento es una opción poco realista, que condena a los grupos más vulnerables de la sociedad a morir de hambre o contagiarse por el virus.

Las desigualdades se han acentuado con el desempleo, la reducción de jornadas laborales, la suspensión de contratos y el alza en los precios de productos básicos perecederos. Véase, por ejemplo, el incremento sistemático en el precio de hortalizas y cítricos durante las últimas semanas en Costa Rica. De este modo, la falta o el descenso en los ingresos, así como el encarecimiento de los productos, condicionarán el acceso de la población a una dieta saludable y diversa. En consecuencia, la subida de los costos ocasionará una disminución en el consumo de frutas, verduras y algunos alimentos de origen animal, como carne de cerdo y pollo. Y aumentará el consumo de comida procesada, barata y de escaso valor nutricional. En otras palabras, el COVID-19 podría acelerar el cambio en las dietas y la transformación de los hábitos alimenticios de las personas; estas modificaciones podrían elevar los riesgos de contraer enfermedades y agudizar los índices de desnutrición y malnutrición en los países pobres.

“Para algunos es aún prematuro hablar de una crisis alimentaria por causa de la pandemia. Sin embargo, es evidente que el impacto del COVID-19 se ha encargado de hacer más visibles las dificultades que enfrentan las personas para acceder a los alimentos. Dificultades que quedaron al “descubierto” con la imposición de medidas como el distanciamiento social y la cuarentena”

Ante este panorama, diversos sectores políticos, económicos y ambientalistas consideran urgente una reforma al modelo globalizado de producción y distribución de alimentos. Un sistema que tan solo alimenta al treinta y cinco por ciento de la población mundial pero que utiliza más del setenta y cinco por ciento de los recursos para producirlos, esto es, suelos, agua, semillas y energía. Los defensores del cambio proponen una serie de proyectos que buscan garantizar la soberanía alimentaria de las distintas sociedades. En términos generales, pretenden un fortalecimiento de la producción para el consumo local a partir de un sistema de base agroecológica. Desde esta perspectiva, la agroecología representa una alternativa con la capacidad suficiente para alimentar de una manera saludable y accesible tanto a las comunidades rurales como a las poblaciones urbanas. En este sentido, se pretende una transición hacia nuevos modelos agroalimentarios socialmente justos, sustentables y con viabilidad económica.

El COVID-19 remarcó la fragilidad del sistema agroalimentario mundial. Sin embargo, esta crisis puede ser la puerta de entrada para la promoción de una agricultura ecológica y resiliente. En el caso específico de Costa Rica, la pandemia podría ser la “excusa perfecta” para el desarrollo de proyectos que permitan un mayor control sobre la producción y distribución de alimentos en el país. Por ejemplo, es urgente reactivar el cultivo nacional de granos básicos, consolidar programas claves del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) como el de agricultura orgánica, diseñar políticas públicas a favor de las mujeres rurales y crear redes comunales para la comercialización de los productos. Del mismo modo, es fundamental incentivar el apoyo de los consumidores. El compromiso político y ecológico de las personas determinará, en gran medida, el éxito de este proceso de transformación. Después del COVID-19, ¿tendremos la voluntad para iniciar con otras formas, más sustentables y solidarias, de producción, distribución y consumo de alimentos?

Referencias para el debate

“Efectos del coronavirus en las cadenas de valor”, El Economista, 01 de abril de 2020, https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Efectos-del-coronavirus-en-las-cadenas-de-valor-20200401-0131.html

“El coronavirus enseñó que el país debe sembrar lo que come”, Semanario Universidad, 14 de abril de 2020, https://semanariouniversidad.com/pais/el-coronavirus-enseno-que-el-pais-debe-sembrar-lo-que-come/?fbclid=IwAR0u-n7CB2mekfQdGa9V-mQePRZR6806Pvza6hgq5u6xYawoukmlVqEvZVA

Guillermo Castro, “Agricultura: el camino a pasado mañana”, https://connuestraamerica.blogspot.com/2020/04/agricultura-el-camino-pasado-manana.html?fbclid=IwAR1f_2iwXC5Sytdc9pG-Zq6TfvJwKf4zsSD8-AThF1I4LjKux5-f8V8UqG8